AL MINUTO.-Diversos especialistas en derecho y representantes del Gobierno dominicano coincidieron en que el nuevo Código Penal debe comenzar a aplicarse estrictamente según el calendario establecido, argumentando que el país requiere con urgencia una normativa penal adaptada a las realidades del siglo XXI.
Los juristas defensores de la medida sostienen que la puesta en marcha de este marco legal representa un avance crucial para el sistema de justicia. Destacan que la reforma incorpora figuras delictivas que no estaban contempladas en la legislación vigente y robustece los mecanismos para perseguir conductas criminales complejas surgidas en las últimas décadas, tales como los delitos tecnológicos y las nuevas manifestaciones de violencia social.
Objeciones no deben frenar la ley
Frente a los cuestionamientos y debates que aún sostienen distintos sectores sobre el contenido de algunos artículos específicos, los expertos aclararon que estas diferencias no constituyen un motivo suficiente para postergar la entrada en vigor de toda la norma.
Explicaron que el ordenamiento jurídico de la República Dominicana dispone de los canales institucionales necesarios para que cualquier disposición polémica sea revisada a posteriori. En ese sentido, señalaron que el Tribunal Constitucional es el órgano competente para conocer y fallar sobre los recursos de inconstitucionalidad que se presenten, sin necesidad de paralizar la reforma completa.
Un retraso mantendría el atraso
Desde el Poder Ejecutivo también se ha respaldado firmemente la implementación de la nueva norma en la fecha pautada. Las autoridades advierten que prolongar el vacío legal mantendría al país bajo un régimen penal que data de finales del siglo XIX, un sistema con más de cien años de antigüedad que resulta obsoleto frente a los desafíos actuales en materia de criminalidad y seguridad ciudadana.
Aunque el debate sobre el contenido de la reforma jurídica continúa abierto entre distintos grupos de la sociedad civil, quienes favorecen su aplicación inmediata insisten en que retrasar la ley sólo debilita la capacidad del sistema judicial para sancionar los nuevos fenómenos delictivos. La sustitución de la vieja normativa decimonónica se perfila como una de las reformas jurídicas más relevantes e impostergables impulsadas en la historia reciente del país.
