AL MINUTO.-La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional autorizó la ejecución en República Dominicana de una sentencia emitida por un tribunal de Estados Unidos que condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de más de US$907 mil a una empresa por servicios logísticos que, según el fallo, no fueron remunerados.
La decisión fue adoptada mediante un exequátur, procedimiento que permite reconocer y hacer ejecutables en el país las sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
El fallo original fue emitido el 21 de noviembre de 2025 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó a la JCE pagar US$838,337.50 por los servicios contratados, además de US$48,370.93 por intereses acumulados antes del juicio y US$20,628.00 por intereses posteriores a la sentencia, para un total superior a US$907 mil.
De acuerdo con el expediente, la empresa Latin Events aseguró haber sido contratada por la JCE en agosto de 2023 para prestar servicios logísticos durante actividades institucionales realizadas en el extranjero. No obstante, sostuvo que, pese a cumplir con lo pactado, nunca recibió el pago correspondiente.
Ante esa situación, la compañía presentó una demanda ante la justicia estadounidense. La resolución indica que la notificación fue entregada en una oficina de la JCE en Nueva York, pero la institución no compareció al proceso ni presentó defensa, por lo que el tribunal emitió una sentencia en rebeldía. Al no ser apelada dentro del plazo legal, la decisión quedó firme.
Al conocer la solicitud de exequátur, el tribunal dominicano verificó que la sentencia cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, entre ellos que fuera definitiva, estuviera debidamente apostillada, traducida al español y que su contenido no contraviniera el orden público nacional.
Con esta autorización, la empresa queda facultada para iniciar en territorio dominicano los procedimientos legales necesarios para ejecutar la condena y reclamar el pago ordenado por la justicia estadounidense.
