AL MINUTO.-El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes la sentencia del denominado caso Coral, imponiendo condenas de hasta 20 años de prisión, multas millonarias, decomisos de bienes y una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
Las magistradas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Tania H. Yunes Sánchez y Jissel Y. Naranjo Tejada hallaron culpables a varios exfuncionarios y colaboradores acusados de integrar una estructura de corrupción administrativa dedicada al desfalco de fondos públicos, lavado de activos, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito.
Entre los principales condenados figuran el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Benoni Cáceres Silvestre, y el general Juan Carlos Torres Robiou, quienes fueron sentenciados a 20 años de reclusión mayor y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público. La misma condena fue impuesta a Rafael Núñez de Aza.
El tribunal también condenó a Julio Camilo de los Santos Viola a 15 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos, mientras que Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, recibió una pena de 15 años de cárcel y una multa de 300 salarios mínimos tras ser hallada culpable de lavado de activos e incremento patrimonial injustificado.
Asimismo, fueron condenados a 10 años de prisión Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez, por delitos relacionados con corrupción administrativa y lavado de activos.
Otras condenas incluyen cinco años de prisión para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Alejandro José Montero Cruz, este último por tenencia ilegal de armas de fuego. Pedro Roberto Castillo Nolasco y Carlos Augusto Lantigua Cruz fueron sentenciados a tres años de prisión, mientras que este último deberá además pagar una multa de RD$500,000.
El tribunal impuso igualmente penas de entre tres y cinco años de prisión a varios acusados vinculados a operaciones de lavado de activos y testaferrato, entre ellos Lucía de los Santos Viola, Epifanio Peña Lebrón, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago, Raymel Pastor del Rosario Viola y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Por otra parte, fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, debido a que el tribunal consideró insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
En cuanto a las personas jurídicas involucradas, la sentencia declaró culpables de lavado de activos a varias empresas, entre ellas CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L., Hacienda Kelman, S.R.L., R&F Agroindustrial, S.R.L. y Rawel Importadores, S.R.L., disponiendo multas, clausuras definitivas y la disolución de algunas de estas entidades.
En el aspecto civil, las juezas acogieron la demanda presentada por el Estado dominicano y ordenaron que Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Pedro Roberto Castillo Nolasco paguen de manera conjunta y solidaria una indemnización de RD$5,000 millones por los daños ocasionados al patrimonio público.
La sentencia también ordena el decomiso de numerosos bienes muebles e inmuebles vinculados a los condenados, incluyendo terrenos, locales comerciales, vehículos de lujo, cuentas bancarias, relojes de alta gama y otros activos adquiridos mediante recursos ilícitos.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 14 de agosto de 2026 a las 3:00 de la tarde, fecha que servirá como citación oficial para todas las partes involucradas en el proceso.
