AL MINUTO.-La Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos, planteó modificar la legislación dominicana para establecer condenas de hasta 30 años de prisión por el contrabando de armas, municiones y pertrechos militares, ante las denuncias sobre redes de tráfico ilícito de estos materiales hacia Haití.
Orlando Espinosa, titular de esa secretaría, sostuvo que las nuevas modalidades empleadas por las organizaciones criminales hacen necesario reforzar la vigilancia aduanera y revisar las sanciones penales aplicables a estas actividades, debido a sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.
El dirigente señaló que la Ley General de Aduanas 168-21 establece penas de hasta diez años de prisión para determinadas formas de contrabando agravado, mientras que la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados contempla condenas de hasta 30 años para delitos específicos vinculados al desvío de pertrechos oficiales.
A juicio de Espinosa, las autoridades deben actualizar las herramientas legales para responder a organizaciones que utilizan los canales del comercio internacional con el propósito de movilizar mercancías ilícitas, especialmente cuando se trata de armamento y municiones.
El representante de la FP también cuestionó la aparición de municiones de origen militar dominicano en poder de grupos criminales haitianos y consideró que estos hechos requieren investigaciones exhaustivas y respuestas institucionales.
En sus declaraciones, Espinosa hizo señalamientos contra la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al reclamar explicaciones sobre los casos de tráfico de municiones y otros episodios relacionados con el narcotráfico que, según afirmó, han involucrado a dirigentes y legisladores de esa organización política.
Casos documentados evidencian las modalidades del tráfico
Como ejemplo de las operaciones utilizadas para trasladar armamento de manera ilegal, Espinosa citó informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, que hacen referencia a la detección de un contenedor procedente de Miami en el puerto de Haina.
Según lo expuesto por el dirigente, la carga había sido declarada como artículos para el hogar, pero durante la inspección fueron encontrados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
También mencionó el caso de un segundo teniente del Ejército dominicano que fue detenido junto a un ciudadano haitiano en la provincia San Juan, cuando ambos transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta.
Espinosa agregó que los informes de Naciones Unidas han documentado incautaciones de municiones identificadas con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, en poder de organizaciones criminales haitianas, incluida la banda 400 Mawozo.
FP pide investigar a los responsables y modificar las leyes
La organización política consideró que las investigaciones sobre el tráfico ilícito de armamento deben abarcar no solo a quienes transportan las mercancías, sino también a las personas que organizan, financian y se benefician de estas operaciones, así como a cualquier funcionario cuya participación pueda comprobarse.
Entre sus propuestas figura armonizar las sanciones de la legislación aduanera con las establecidas en la Ley de Armas, aumentar las penas en casos de reincidencia y aplicar medidas adicionales, como la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la confiscación definitiva de los bienes utilizados en las actividades ilícitas.
Espinosa afirmó que el tráfico de armas debe recibir un tratamiento penal acorde con su gravedad, al considerar que sus consecuencias van más allá de las infracciones comerciales y pueden comprometer la seguridad pública, la soberanía y la estabilidad del país.
Asimismo, recordó que la Fuerza del Pueblo ha planteado anteriormente la necesidad de reforzar la fiscalización del tránsito internacional de mercancías y adoptar medidas contra el desempaque ilegal y el desvío de cargas dentro del territorio nacional.
La organización también reclamó que las autoridades expliquen qué acciones se han implementado para evitar que los puertos, las aduanas y las plataformas logísticas dominicanas sean utilizados por redes dedicadas al tráfico ilícito de armas y municiones.
Finalmente, Espinosa insistió en que enfrentar estas actividades requiere una estrategia integral que combine controles aduaneros eficaces, investigaciones judiciales, cooperación internacional y reformas legales que establezcan sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos.
