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FP critica rapidez con que se aprobó el Plan Anticrisis y exige igual trato para otras reformas

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AL MINUTO.-La aprobación y promulgación de la Ley 30-26, conocida como Plan Anticrisis, volvió a generar enfrentamientos entre oficialistas y opositores en el Congreso Nacional, luego de que legisladores de la Fuerza del Pueblo cuestionaran la rapidez con la que la iniciativa fue conocida y convertida en ley.

Los diputados opositores consideraron que el mismo nivel de celeridad mostrado para aprobar una reforma fiscal debería aplicarse a proyectos pendientes como la reforma de la Seguridad Social, el Código Laboral y el Código Civil, iniciativas que aseguran tendrían un impacto directo en la calidad de vida de la población.

El diputado Heriberto Aracena afirmó que se ha vuelto una práctica recurrente agilizar los proyectos relacionados con impuestos, financiamiento estatal y préstamos, mientras otras propuestas consideradas prioritarias permanecen años sin avanzar en el Congreso.

En la misma línea, el legislador José Alberto Jiménez criticó que una pieza de más de 60 páginas fuera aprobada en pocos días, argumentando que muchos diputados no tuvieron tiempo suficiente para estudiar su contenido antes de votar.

Por su parte, Antonio Brito calificó el proceso como inusualmente rápido y señaló que la experiencia debería servir para reflexionar sobre la forma en que se tramitan otras iniciativas de interés nacional.

Las críticas fueron rechazadas por diputados del oficialismo. Amado Díaz sostuvo que la rapidez obedeció al amplio consenso alcanzado previamente con sectores empresariales, productivos y sociales, lo que permitió una tramitación más ágil.

De igual manera, Ramón Bueno defendió el respaldo obtenido por la iniciativa, mientras que el reformista Rogelio Genao Lanza argumentó que la coyuntura económica internacional exige respuestas rápidas por parte del Estado.

La Ley 30-26 fue sometida al Congreso el 11 de junio y aprobada en ambas cámaras en menos de una semana. Según el Gobierno, permitirá recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, recursos que en su mayoría provendrán de grandes contribuyentes y sectores de mayores ingresos. Sin embargo, la oposición advierte que parte de las medidas podrían terminar impactando el costo de bienes y servicios para los consumidores.

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