AL MINUTO.-La diputada por Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea modificar varios artículos del recién aprobado Código Penal con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a formular críticas y denuncias de interés público.
La propuesta legislativa, depositada el pasado 10 de junio, contempla cambios en los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley 74-25. Según explicó la legisladora, la redacción actual de estas disposiciones podría dar lugar a interpretaciones que afecten derechos fundamentales vinculados al debate público y la libre manifestación de ideas.
Entre las modificaciones planteadas figura una revisión de las disposiciones relacionadas con el ultraje a funcionarios públicos. La iniciativa propone que solo sean sancionadas las amenazas graves, reales y comprobables, excluyendo expresamente las críticas, opiniones o manifestaciones dirigidas a servidores públicos.
El proyecto también redefine las figuras de acoso, hostigamiento y ciberacoso, estableciendo que para que exista responsabilidad penal deberá demostrarse una conducta reiterada, grave y con daños verificables. De igual forma, quedarían excluidas de estas tipificaciones las opiniones, sátiras, denuncias y expresiones vinculadas a asuntos de interés público.
Pérez destacó que la propuesta mantiene sanciones severas para conductas como el chantaje, las amenazas reales, la difamación con fines extorsivos y los delitos ejecutados mediante redes organizadas o cuentas falsas, especialmente cuando impliquen violencia, intimidación o conexiones con actividades criminales.
La iniciativa complementa un proyecto presentado anteriormente por la legisladora denominado Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa, con el que busca establecer un marco legal más amplio de protección a estos derechos.
“La intención es garantizar que ningún ciudadano, periodista o actor político sea perseguido penalmente por emitir opiniones, realizar denuncias o participar en debates sobre temas de interés público”, sostuvo la congresista.
Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de las penas de prisión para los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y mecanismos de reparación proporcional. Asimismo, se incorpora el requisito de demostrar intención dolosa en los casos relacionados con funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés general, exigiendo probar que la información fue difundida con conocimiento de su falsedad o con desprecio evidente por la verdad.
Durante la presentación del proyecto, Pérez afirmó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han recomendado evitar sanciones de prisión por delitos relacionados con la expresión.
“Ningún dominicano debe ir a la cárcel por opinar. Quien difame deliberadamente debe responder ante la justicia y quien acose debe ser sancionado, pero la crítica, la denuncia y el ejercicio periodístico forman parte esencial de la democracia”, expresó.
Junto con la pieza legislativa fue depositada una matriz comparativa que detalla las modificaciones propuestas y sus fundamentos jurídicos. El documento será compartido con legisladores, gremios periodísticos, universidades, juristas y organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el debate.
La diputada concluyó señalando que el país necesita un Código Penal firme frente al delito, pero respetuoso de las libertades fundamentales, garantizando la protección de las víctimas sin limitar el derecho de los ciudadanos a informar, denunciar y fiscalizar la gestión pública.
