AL MINUTO.-El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel Fernández, consideró necesario ampliar a toda la sociedad el debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional y sostuvo que aún existe tiempo para revisar y corregir los aspectos cuestionados por especialistas.
Fernández se pronunció durante el conversatorio “Análisis de la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), en el que participaron legisladores, académicos, juristas, comunicadores, exjefes y ex altos oficiales de la Policía Nacional.
El exmandatario recordó que la reforma al Código Penal permaneció durante cerca de tres décadas en discusión en el Congreso y que varios aspectos de su contenido comenzaron a generar mayor atención pública cuando el proceso legislativo se encontraba en su etapa final.
“Esto lo estamos haciendo a tiempo”, afirmó Fernández al valorar las exposiciones realizadas durante el encuentro.
Explicó que el conversatorio permitió identificar fortalezas que podrían ser incorporadas al proyecto, así como debilidades estructurales que requieren corrección antes de que concluya el proceso legislativo.
Fernández sostuvo que existe consenso sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional, pero señaló que el debate debe concentrarse en determinar qué tipo de reforma necesita el país y cuánto contribuirá a mejorar la prevención del delito.
También consideró necesario que las discusiones sobre iniciativas legislativas de esta importancia trasciendan el Congreso y sean conocidas por la sociedad.
Cuestionan aspectos constitucionales y legales
Durante el encuentro, la directora del CESEDE, Josefina Reynoso, manifestó que existe consenso sobre la necesidad de una reforma policial, pero planteó dudas sobre si el proyecto depositado en el Congreso cumple con los estándares constitucionales, legales, técnicos e institucionales necesarios.
“La coyuntura no debe sustituir el análisis técnico”, sostuvo Reynoso, quien llamó a evaluar la iniciativa desde sus implicaciones jurídicas, económicas e institucionales.
El exjuez de la Suprema Corte de Justicia José Alberto Cruceta Almánzar presentó observaciones sobre posibles contradicciones constitucionales relacionadas con el retiro de oficiales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el régimen disciplinario y la delegación de determinadas materias a reglamentos.
De su lado, la jurista Vanahí Bello Dotel identificó 33 deficiencias de técnica legislativa, entre ellas contradicciones internas, vacíos, redundancias y excesos en la delegación reglamentaria.
“Lo que la Constitución reservó para una legislación no puede resolverse por la puerta de atrás mediante un reglamento”, advirtió Bello Dotel, al considerar necesario corregir esas deficiencias antes de que finalice la discusión legislativa.
Fernández también abordó la necesidad de diferenciar la investigación penal preparatoria, que corresponde al Ministerio Público, de la investigación criminal de los hechos atribuida a la Policía Nacional.
Asimismo, consideró inconstitucional que la administración de fondos públicos de una institución estatal pueda quedar en manos de particulares.
El expresidente destacó que cualquier reforma policial debe tener como objetivo principal ofrecer una respuesta más eficaz frente a la criminalidad, con especial énfasis en la prevención, sin desconocer los avances registrados por la Policía Nacional en materia de investigación criminal.
