Santo Domingo, RD. La legislación dominicana establece diferentes destinos para las armas de fuego retiradas de circulación; mientras algunas son enviadas a depósitos oficiales y posteriormente destruidas, otras permanecen vinculadas a investigaciones judiciales e incluso pueden ser asignadas para uso de seguridad en instituciones del Estado, bajo condiciones específicas. La Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, establece los procedimientos para la remisión, custodia y destrucción del armamento incautado. Sin embargo, la destrucción no constituye el único destino posible, por lo que las armas ocupadas durante operativos policiales no necesariamente terminan en las instalaciones de Metaldom.
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