DIARIO PUERTO PLATA.-El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, depositó ante el Senado de la República el proyecto de ley que aprobaría el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una iniciativa orientada a organizar el uso y la ocupación del territorio, proteger los recursos naturales y regular la ubicación de los asentamientos humanos y las actividades productivas.
La propuesta fue recibida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, durante un encuentro en el que participaron el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y representantes de los equipos jurídicos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de la Presidencia.
Paliza explicó que la iniciativa responde a un mandato constitucional y a lo establecido en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos. Asimismo, indicó que el documento fue conocido y aprobado previamente por el Consejo de Ministros.
«El ordenamiento territorial es, más que un mandato de ley, una obligación de Estado, una obligación país», expresó el funcionario, al destacar la importancia de planificar el desarrollo nacional y preservar las fuentes de agua, los medios productivos, los recursos naturales y las zonas turísticas.
El ministro señaló que el plan servirá de referencia para los instrumentos de planificación regionales, supramunicipales y municipales. Agregó que más de 60 planes municipales se encuentran en elaboración con asistencia del Ministerio de la Presidencia.
Por su parte, Ricardo de los Santos destacó que la iniciativa busca evitar que terrenos con alta vocación agrícola y minera sean ocupados por asentamientos humanos, promoviendo un uso más organizado del territorio.
El presidente del Senado informó que el proyecto será puesto a disposición de la ciudadanía e incluido en la agenda de la próxima sesión para su remisión a comisión. También exhortó a los sectores interesados a presentar oportunamente sus observaciones y propuestas.
En tanto, Domingo Matías explicó que la formulación del plan tomó cinco años de consultas en distintas regiones del país, con la participación de sectores sociales, académicos y representantes de la sociedad civil.
Indicó que uno de sus principales objetivos es vincular la planificación territorial con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, además de orientar la ubicación de industrias, viviendas y otras actividades.
«El ordenamiento territorial lo que busca es que cada actividad económica y social esté en el lugar que le corresponde», manifestó Matías.
Principales disposiciones del proyecto
La propuesta establece que las directrices del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial serían obligatorias para las instituciones públicas y constituirían un marco vinculante para los planes regionales, supramunicipales y municipales.
También dispone que la programación y ejecución de la inversión pública guarden coherencia con la estructura territorial definida en el plan, priorizando la reducción de las desigualdades entre territorios, así como la mejora de la conectividad y los servicios.
Entre sus principales líneas de acción figuran la protección de los suelos de alta vocación agrícola, la conservación de los recursos hídricos, la recuperación de ecosistemas degradados y la regulación de las actividades productivas de acuerdo con la capacidad del suelo.
El proyecto contempla, además, restricciones y condiciones de uso en zonas costeras, humedales, manglares, cuencas y áreas de recarga acuífera. Estas medidas deberán sustentarse en criterios técnicos, cartografía oficial y decisiones debidamente justificadas por las autoridades competentes.
En materia de prevención, propone fortalecer los sistemas de alerta temprana, identificar las zonas de alto riesgo y promover la reubicación progresiva de asentamientos y actividades en lugares donde los peligros no puedan mitigarse, con las debidas garantías jurídicas y sociales.
Asimismo, establece que la aplicación del plan deberá respetar las competencias de los gobiernos locales, los derechos adquiridos válidamente, las autorizaciones firmes y las situaciones jurídicas consolidadas, salvo en los casos y mediante los procedimientos previstos por la ley.
