AL MINUTO.-El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó la importancia de la justicia constitucional para fortalecer la seguridad jurídica y generar confianza entre ciudadanos, empresas e instituciones.
Durante la conferencia “La dimensión económica de la justicia constitucional”, ofrecida en el marco de Mercado Top Lawyers 2026, el magistrado explicó que las decisiones del TC han permitido establecer criterios para armonizar la libertad de empresa, la regulación estatal y la protección del interés general.
Estévez Lavandier señaló que el Tribunal Constitucional ha tenido un papel relevante en la interpretación de los principios que rigen la economía nacional, particularmente frente a las situaciones que surgen de la relación entre la actividad empresarial y las actuaciones del Estado.
En ese sentido, afirmó que la jurisprudencia constitucional ha precisado aspectos relacionados con la libertad de empresa, la libre competencia, la igualdad entre los agentes económicos, la protección del medioambiente, los derechos de los consumidores y contribuyentes y la seguridad jurídica.
El presidente del TC explicó que la Constitución dominicana establece un modelo de economía social de mercado, en el que la iniciativa privada convive con la facultad del Estado de intervenir cuando sea necesario para proteger el interés general y promover un desarrollo equilibrado.
Indicó que tanto la libertad de empresa como la capacidad reguladora del Estado tienen límites y deben ejercerse bajo reglas claras, razonables y previsibles.
“Ni la potestad regulatoria del Estado ni la libertad de empresa tienen carácter absoluto”, sostuvo el magistrado.
Estévez Lavandier agregó que corresponde al derecho establecer un equilibrio entre ambas dimensiones, de manera que las intervenciones estatales sean legítimas y razonables y, al mismo tiempo, las empresas puedan desarrollar sus actividades dentro de un marco jurídico definido.
Decisiones que impactan la actividad económica
Como ejemplos de la influencia de la justicia constitucional en el ámbito económico, el presidente del TC citó varias sentencias que han establecido criterios sobre la relación entre el Estado, las empresas y los diferentes agentes del mercado.
Entre ellas mencionó la Sentencia TC/0411/18, mediante la cual el tribunal reafirmó el principio de igualdad de trato entre empresas públicas y privadas cuando participan en un mismo mercado, evitando ventajas indebidas derivadas de su vinculación con el Estado.
También hizo referencia a la Sentencia TC/0137/20, que determinó que la libertad de empresa y la libre competencia son incompatibles con la creación de monopolios privados que carezcan de justificación.
Asimismo, citó la Sentencia TC/0496/25, relacionada con la estabilidad de los actos administrativos, la seguridad jurídica y la confianza legítima frente a requisitos legales vinculados al desarrollo de un proyecto aeroportuario.
El magistrado sostuvo que la seguridad jurídica no depende únicamente del contenido de las sentencias, sino también de que estas sean debidamente fundamentadas y permitan comprender las razones que sustentan las decisiones.
Explicó que los fallos judiciales, además de solucionar casos concretos, sirven como referencia para otros tribunales, abogados, ciudadanos, empresas y autoridades sobre la manera en que serán interpretadas y aplicadas las normas.
A su juicio, contar con reglas y criterios previsibles reduce la incertidumbre, facilita la planificación a largo plazo y genera mejores condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada.
Estévez Lavandier también señaló que el respeto al precedente contribuye a que los distintos sectores puedan orientar sus actuaciones con mayor certeza, aunque aclaró que la jurisprudencia puede evolucionar conforme cambian la sociedad, la tecnología y las nuevas realidades.
“La sociedad no permanece estática y ningún ordenamiento puede mantenerse ajeno a las transformaciones que impone el tiempo”, manifestó, al tiempo que insistió en que cualquier cambio jurisprudencial debe estar debidamente explicado y sustentado en el marco constitucional.
Al evento asistieron los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira, además de la secretaria del TC, Grace Ventura, directores de la institución, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad jurídica.
