AL MINUTO.-A menos de 40 días para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto de 2026, continúan los debates sobre posibles modificaciones a la Ley 74-25, en medio de cuestionamientos de diversos sectores sociales, jurídicos y gremiales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que la legislación podría requerir ajustes debido a su amplitud y complejidad.
“Tal vez tengamos que pasarle la mano porque es un código bastante amplio y complejo”, expresó durante una entrevista radial.
En contraste, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, descartó cualquier modificación antes de la entrada en vigor de la normativa, argumentando que será la aplicación práctica de la ley la que permitirá identificar los aspectos que eventualmente necesiten corrección.
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a las disposiciones relacionadas con los delitos de palabra, especialmente los artículos que regulan la difamación y la injuria.
La Sociedad Dominicana de Diarios, presidida por Persio Maldonado, ha advertido que las sanciones contempladas podrían generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y afectar la libertad de prensa.
Por su parte, Pacheco sostuvo que, aunque se podrían revisar algunos aspectos relacionados con las penas, considera necesario mantener tipificados estos delitos para enfrentar prácticas que calificó como mecanismos de chantaje contra funcionarios públicos.
En medio de la discusión, el senador Antonio Taveras presentó una propuesta de modificación orientada a fortalecer las garantías de libertad de expresión y de prensa.
La iniciativa contempla eliminar las penas de prisión por difamación, impedir el cierre de medios de comunicación como sanción judicial y derogar el delito de ultraje, al considerar que otorga privilegios penales desproporcionados a funcionarios públicos.
Mientras se acerca la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el Congreso Nacional enfrenta crecientes presiones de sectores empresariales, periodísticos y de la sociedad civil que reclaman ajustes a la legislación antes o después de su implementación, manteniendo abierto uno de los debates jurídicos más importantes del país en los últimos años.
