AL MINUTO.-El proceso judicial contra Wander Franco se convirtió en uno de los casos más mediáticos y controversiales registrados recientemente en República Dominicana. Aunque el Tribunal Colegiado de Puerto Plata lo encontró culpable de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad, los jueces decidieron otorgarle un perdón judicial, evitando así que cumpla prisión.
La decisión provocó reacciones divididas en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos sostienen que el tribunal actuó conforme a la legislación vigente, otros cuestionan que una persona declarada culpable en un caso de esta naturaleza no reciba una condena carcelaria.
El fallo fue emitido por los magistrados José Antonio Núñez, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, quienes determinaron que existían pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal contra el jugador.
Sin embargo, los jueces también concluyeron que Franco habría sido utilizado dentro de una estructura de manipulación y aprovechamiento económico dirigida por la madre de la adolescente, elemento que pesó en la decisión de aplicar el perdón judicial contemplado en el artículo 346 del Código Procesal Penal.
La corte explicó que esta figura jurídica permite eximir de pena a un acusado aun cuando se reconozca la comisión del delito, siempre que existan circunstancias excepcionales que justifiquen esa medida.
Dentro del expediente, el tribunal consideró probado que la madre de la menor obtuvo dinero y beneficios económicos vinculados a la relación entre el pelotero y la adolescente. Por ese motivo, fue condenada a diez años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.
La sentencia plantea un escenario complejo: Franco fue considerado responsable de hechos delictivos, pero también señalado como víctima indirecta de adultos que, según los jueces, se beneficiaron económicamente de la situación.
El caso comenzó a tomar fuerza pública en 2023 tras denuncias difundidas en redes sociales. Posteriormente, las investigaciones del Ministerio Público incluyeron evidencias financieras, conversaciones y otros elementos que derivaron en el sometimiento judicial del pelotero en enero de 2024.
Aunque la decisión tiene respaldo jurídico dentro del marco legal dominicano, el debate social y moral alrededor del caso continúa generando opiniones encontradas.
