ALMINUTO.-La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre afirmó que ha presentado en el juicio una serie de pruebas y argumentos que, a su juicio, evidencian debilidades e inconsistencias en la acusación del Ministerio Público.
Mediante un comunicado, los abogados sostuvieron que las supuestas irregularidades abarcan desde fallas en auditorías oficiales hasta contradicciones entre las propias pruebas aportadas por el órgano acusador.
En ese sentido, señalaron inconsistencias en la auditoría del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) respecto al manejo de nóminas. Indicaron que, aunque el Ministerio Público plantea la existencia de un esquema de “empleados fantasma”, una supervisora de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana habría admitido en audiencia que dichas personas no figuraban en registros oficiales, sino en listados proporcionados por la propia acusación. Según la defensa, algunos de estos individuos declararon bajo juramento no haber recibido fondos del CUSEP.
Asimismo, cuestionaron las auditorías practicadas al imputado, al señalar que no se habrían considerado múltiples fuentes de ingresos, entre estas viáticos, salarios, intereses financieros y otros conceptos. De acuerdo con la defensa, estas informaciones constan en actas de audiencias y en documentos oficiales incorporados al proceso.
En esa misma línea, indicaron que un peritaje financiero habría establecido ingresos totales por más de RD$64 millones, sin incluir financiamientos utilizados para la adquisición de propiedades. También sostienen que, según informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la mayoría de los ingresos del imputado provienen de fuentes lícitas como nómina e instrumentos financieros.
La defensa también objetó la valoración de bienes realizada por el Ministerio Público, al alegar que se utilizaron precios de mercado al momento de la acusación (2022), en lugar del valor al momento de adquisición.
En cuanto al supuesto ocultamiento de bienes, los abogados afirmaron que propiedades señaladas por la acusación figuran en declaraciones juradas del imputado, documentos que —según indicaron— fueron incorporados como pruebas por el propio órgano acusador.
De igual forma, cuestionaron aspectos relacionados con el manejo logístico del almacén del CUSEP, al sostener que la auditoría omitió registros de control de inventario que documentaban entradas y salidas de mercancías. Aseguran que dichos documentos fueron presentados durante el juicio, junto a testimonios que respaldarían la existencia de controles internos.
Sobre la supuesta vinculación del imputado con la empresa CSNA Universo Empresarial, la defensa alegó que certificaciones del registro mercantil descartan dicha participación, y que estas habrían sido ignoradas en la acusación.
Respecto a un inmueble donde opera la Iglesia Bautista Vida Eterna, indicaron que el certificado de título atribuye la propiedad a esa entidad y no al imputado. Añadieron que testigos del propio Ministerio Público habrían señalado que Cáceres no actuaba como propietario del lugar.
En relación con terrenos atribuidos al imputado, la defensa sostuvo que certificaciones del Consejo Estatal del Azúcar indicarían que este no ha realizado operaciones con esa entidad.
Asimismo, rechazaron señalamientos sobre el manejo de fondos de inteligencia del CUSEP, al argumentar que existen certificaciones oficiales que establecen limitaciones legales para divulgar información sobre dichos recursos por razones de seguridad nacional.
“Estas inconsistencias demuestran que la acusación carece de coherencia interna y está sustentada en omisiones, errores y contradicciones que deben ser valoradas por el tribunal”, concluyó la defensa.
El proceso judicial contra Cáceres Silvestre continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en medio de un debate sobre la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
